Según Gilmar Stelo, abogado y fundador de Stelo Advogados, la tercerización de actividades se ha convertido en una estrategia habitual para las empresas que buscan reducir costos, ampliar su capacidad operativa y concentrar sus esfuerzos en sus actividades principales. Empresas de transporte, compañías de tecnología, prestadores de servicios, consultoras, proveedores de materias primas y socios comerciales forman parte de cadenas de suministro cada vez más complejas. Sin embargo, esta integración plantea una pregunta que pocos empresarios se hacen hasta que surge un problema: ¿puede una empresa ser considerada responsable por un error cometido por un proveedor? Para Gilmar Stelo, comprender esta cuestión es fundamental para quienes desean reducir riesgos y fortalecer la seguridad jurídica de sus negocios.
Aunque muchos directivos creen que un contrato basta para transferir toda la responsabilidad al proveedor, el Derecho brasileño adopta una visión más amplia. En diversas situaciones, la empresa contratante también puede responder por los perjuicios ocasionados, especialmente cuando se demuestra que hubo negligencia en la selección, supervisión o gestión de la relación comercial. Más que un problema jurídico, se trata de una cuestión que involucra gobernanza corporativa, gestión de riesgos y preservación de la reputación empresarial.
¿Un contrato protege completamente a la empresa?
Es natural pensar que un contrato bien redactado sea suficiente para impedir cualquier responsabilidad futura. Después de todo, en él se establecen las obligaciones de cada parte, los plazos, las sanciones y las responsabilidades asumidas durante la ejecución del servicio. Sin embargo, la realidad de las relaciones empresariales demuestra que la protección contractual tiene límites. El contrato sigue siendo indispensable, pero no elimina automáticamente la responsabilidad de la empresa frente a terceros o ante el Poder Judicial.
Gilmar Stelo explica que los tribunales analizan no solo el contenido del contrato, sino también la manera en que se desarrolló la relación comercial. Si la empresa contratante no adoptó las medidas mínimas de diligencia al seleccionar al proveedor, ignoró señales de irregularidades o no ejerció ningún tipo de supervisión sobre actividades relevantes, podrá ser considerada responsable por los daños ocasionados. Esto significa que la seguridad jurídica depende tanto de la calidad del documento como de la conducta mantenida durante toda la ejecución del contrato.
¿En qué situaciones puede una empresa responder por actos de terceros?
No todos los errores de un proveedor generan responsabilidad para la empresa contratante. Cada caso depende de la legislación aplicable, del tipo de contrato celebrado, de la actividad desarrollada y de las circunstancias específicas. En algunas situaciones, la responsabilidad recae exclusivamente sobre el proveedor; en otras, la empresa puede responder de forma solidaria o subsidiaria, especialmente cuando existe una previsión legal o se demuestra una gestión deficiente de la relación contractual.
Uno de los aspectos más importantes es comprender que la responsabilidad empresarial no se limita al momento de la contratación. Elegir socios sin capacidad técnica, sin regularidad fiscal o sin la estructura adecuada puede caracterizar una falta de diligencia. Del mismo modo, Gilmar Stelo señala que no supervisar la ejecución del servicio o ignorar incumplimientos contractuales puede aumentar significativamente la exposición de la empresa a litigios y pérdidas económicas.
¿La elección del proveedor puede ser tan importante como el contrato?
Muchas empresas dedican semanas a negociar un contrato, pero apenas unos días a analizar al proveedor que van a contratar. Esta inversión de prioridades representa uno de los principales factores de riesgo en las relaciones empresariales, destaca Gilmar Stelo, especialista en Derecho, litigios y derecho administrativo. Antes de firmar un contrato, es recomendable verificar la situación registral de la empresa, su trayectoria, su capacidad financiera, su reputación en el mercado, el cumplimiento de sus obligaciones laborales, su situación tributaria y la existencia de procesos judiciales relevantes.
Este procedimiento, conocido como due diligence, dejó de ser una práctica exclusiva de grandes operaciones societarias y pasó a formar parte de la rutina de empresas comprometidas con la gobernanza corporativa y el compliance. Evaluar previamente a quienes integrarán la cadena de suministro reduce la probabilidad de contratar socios incapaces de cumplir con sus obligaciones legales o contractuales, protegiendo no solo el patrimonio de la empresa, sino también su credibilidad ante clientes e inversionistas.
¿Cómo reducir riesgos sin comprometer la agilidad del negocio?
La búsqueda de eficiencia no debe significar una reducción de los controles internos. Las empresas que logran equilibrar rapidez en la toma de decisiones y gestión de riesgos suelen desarrollar procedimientos estandarizados para la contratación y el seguimiento de proveedores. Esto incluye criterios objetivos de selección, revisión periódica de contratos, auditorías cuando sean necesarias, seguimiento de indicadores de desempeño y actualización constante de las obligaciones legales aplicables a cada actividad.
Desde esta perspectiva, el doctor Gilmar Stelo sostiene que la asesoría jurídica preventiva desempeña un papel estratégico al incorporar los aspectos legales en las decisiones empresariales antes de que surjan los problemas. El seguimiento continuo de las relaciones contractuales, junto con políticas de gobernanza y compliance, permite identificar vulnerabilidades en una etapa temprana, reduciendo significativamente la posibilidad de litigios, multas y daños reputacionales que podrían comprometer la continuidad del negocio.
La responsabilidad comienza mucho antes del conflicto judicial
Cuando un proceso llega a los tribunales, normalmente representa solo la etapa final de una cadena de fallos que podrían haberse evitado. La ausencia de criterios para seleccionar proveedores, los contratos desactualizados, la falta de supervisión, la documentación incompleta y las deficiencias en la gestión de las relaciones comerciales suelen aparecer mucho antes de la primera notificación judicial. Por ello, las empresas que concentran sus esfuerzos únicamente en la defensa de procesos judiciales con frecuencia dejan de atacar el origen del problema.
En definitiva, construir una cultura de prevención es una de las formas más eficaces de fortalecer la seguridad jurídica empresarial. Elegir cuidadosamente a los socios comerciales, supervisar la ejecución de los contratos e incorporar prácticas de gobernanza a la rutina de la organización permite reducir los riesgos de manera consistente. En un entorno empresarial cada vez más complejo e interdependiente, Gilmar Stelo concluye que proteger una empresa significa comprender que la responsabilidad jurídica no termina con la firma de un contrato, sino que acompaña toda la relación construida entre las partes.