El Gobierno apuesta por la computación avanzada mientras se acerca la entrada en vigor del Reglamento europeo de IA en agosto.
La soberanía tecnológica se ha convertido en una prioridad declarada del Gobierno español, y los números empiezan a acompañar el discurso. El Consejo de Ministros autorizó el pasado 16 de junio una inversión de 719 millones de euros a través de la SETT para reforzar la capacidad de computación avanzada del país. El objetivo es entrenar y operar modelos de inteligencia artificial de gran escala sin depender de infraestructura extranjera, algo que muchas empresas y administraciones ya consideran una cuestión estratégica de primer orden. The Objective
La duda que se plantea el sector es si esta inversión llega a tiempo, tanto para competir en el marco europeo como para que las empresas españolas cumplan con la nueva normativa de IA que entra en vigor en pocas semanas.
Una candidatura multisede entre Cataluña y Madrid
El proyecto español competirá con una candidatura que incluye Móra la Nova, en Tarragona, y San Fernando de Henares, en Madrid, dos ubicaciones pensadas para albergar la nueva infraestructura de cómputo. El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, defendió la inversión como una apuesta por la soberanía tecnológica, la reindustrialización y un liderazgo en inteligencia artificial fiable y sostenible. The ObjectiveThe Objective
Esta jugada se enmarca en una estrategia más amplia a nivel europeo. La Comisión Europea sostiene que el continente afronta un déficit crítico de infraestructura de cómputo a gran escala y prevé movilizar 20.000 millones de euros para desplegar varias gigafactorías de IA dentro del programa InvestAI. España, con esta candidatura, busca asegurarse un papel relevante en ese reparto de infraestructura, algo que podría traducirse en inversión industrial y empleo cualificado en las zonas seleccionadas si el proyecto sale adelante. La estrategia no se limita a la parte de cómputo: Telefónica participa además en proyectos europeos como EURO-3C, una infraestructura federada que combina telecomunicaciones, edge y cloud, respaldada por fondos de Horizonte Europa y orientada a reducir la dependencia de proveedores de fuera de la Unión Europea. The ObjectiveThe Objective
La cuenta atrás para el Reglamento europeo de IA
Mientras se define esta carrera de infraestructura, las empresas tienen otro plazo mucho más inmediato encima de la mesa. El grueso del Reglamento de IA de la Unión Europea (UE 2024/1689) entra en plena aplicación el 2 de agosto de 2026, y afecta a cualquier compañía que utilice inteligencia artificial generativa, incluidos los sistemas de código abierto, no solo a los llamados sistemas de alto riesgo.
Entre las obligaciones que llegan con la norma está la de informar de forma clara a los usuarios cuando están interactuando con un sistema de IA, algo que ya empieza a notarse en servicios de atención al cliente que hasta ahora se camuflaban tras avatares o fotografías genéricas de personas. Para las pymes españolas, que en muchos casos han incorporado asistentes virtuales o herramientas de generación de contenido sin una hoja de ruta clara de cumplimiento, este cambio normativo obliga a revisar procesos antes de que termine el verano.
Gobernanza global y los riesgos que preocupan a la ONU
El debate no se limita al terreno europeo. El Panel Científico Internacional Independiente sobre Inteligencia Artificial de la ONU presentó recientemente un informe preliminar que advierte que la tecnología avanza más rápido de lo que los gobiernos son capaces de regular. El documento alimentará el Diálogo Mundial sobre la Gobernanza de la Inteligencia Artificial, iniciado en Ginebra a principios de julio, donde distintos países debaten enfoques comunes para gestionar los riesgos de esta tecnología. UN News
El propio panel señala que la inteligencia artificial no es buena ni mala por naturaleza, y que su impacto final dependerá de las decisiones que tomen ahora gobiernos, empresas y sociedades. Esa idea conecta directamente con la apuesta española: invertir en infraestructura propia no solo responde a una lógica de competitividad económica, sino también a la necesidad de tener capacidad de decisión sobre cómo se entrena y se despliega la tecnología dentro de las propias fronteras. UN News
Entre la inversión millonaria en cómputo y la llegada de una normativa europea que empieza a exigir transparencia real, el verano de 2026 marca un punto de inflexión para la inteligencia artificial en España. Las próximas semanas dirán si la candidatura de Móra la Nova y San Fernando de Henares logra abrirse hueco en el reparto europeo de gigafactorías, y si las empresas españolas llegan preparadas a la fecha límite de agosto.
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